Este miércoles arranca en Madrid la vista de la demanda promovida por la Asociación de Medios de Información (AMI) contra Meta, matriz de Facebook e Instagram, en medio de otras demandas contra Meta, en nombre de 83 cabeceras españolas. La acusación pone el foco en una supuesta competencia desleal y en infracciones reiteradas del marco europeo de protección de datos.
La reclamación económica supera los 550 millones de euros por daños y perjuicios. Según la demanda, entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023 Meta habría explotado datos personales de millones de usuarios europeos para cimentar su negocio de publicidad segmentada sin una base jurídica válida.
Qué se juzga y quiénes están implicados
La causa se celebrará en el Juzgado de lo Mercantil n.º 15 de Madrid, con AMI actuando en representación de editoras nacionales y regionales. La compañía demandada es Meta Platforms, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, y la dirección letrada corre a cargo del despacho del catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuéllar.
AMI sostiene que la iniciativa es inédita en España por su alcance y por la coordinación de decenas de medios en la misma línea procesal. El núcleo del reproche es que Meta habría consolidado una posición de ventaja en el mercado publicitario digital aprovechando datos de usuarios sin autorización válida, lo que habría desplazado inversión y mermado los ingresos de la prensa.
Desde la asociación se subraya que el Reglamento General de Protección de Datos exige una base legítima para el perfilado publicitario y el cumplimiento de la política de privacidad. A juicio de AMI, esta exigencia se habría ignorado de forma persistente, extremo que, afirma, aparece respaldado por distintas resoluciones de autoridades europeas, incluido el Comité Europeo de Protección de Datos y la autoridad irlandesa competente.
Responsables de la organización, entre ellos su presidencia y dirección general, han remarcado que el litigio trasciende lo empresarial: se discute la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos en un entorno digital dominado por grandes plataformas, así como la viabilidad de un ecosistema informativo plural.
Fundamentos de la reclamación
- Tratamiento masivo de datos sin consentimiento: la demanda describe un uso intensivo de datos de navegación y comportamiento para perfilar audiencias y vender publicidad personalizada.
- Ventaja competitiva desleal: al operar con perfiles no amparados por una base legal, Meta habría obtenido una posición privilegiada en el mercado publicitario digital en perjuicio directo de los medios.
- Ingresos generados por la segmentación: según los demandantes, la totalidad de los ingresos de Meta ligados a esa segmentación se apoyaría en datos obtenidos sin una justificación válida.
- Marco temporal: los hechos que se dirimen abarcan del 25 de mayo de 2018 al 31 de julio de 2023.
De confirmarse la tesis de AMI, el tribunal tendría que valorar el alcance del daño y si procede una reparación económica de más de 550 millones de euros, además de eventuales efectos disuasorios sobre prácticas similares.
El procedimiento y su alcance
La vista oral se celebra en Madrid con un equipo jurídico especializado. Para la parte actora, la dirección del proceso por un catedrático de procesal aporta solidez técnica a un pleito complejo por su carácter tecnológico y transnacional. En el plano regulatorio, el caso se apoya en criterios ya fijados por autoridades europeas sobre la base legal del perfilado.
La decisión que adopte el juzgado podría marcar pautas interpretativas en futuros litigios contra grandes plataformas, especialmente en lo relativo a la licitud del tratamiento de datos para fines publicitarios y su impacto en la competencia entre actores del mercado.
Un movimiento europeo en marcha
La ofensiva española se inserta en un contexto continental de mayor escrutinio. En Francia, 67 compañías mediáticas que agrupan a unos 200 medios han emprendido acciones por hechos similares, alegando recolección masiva de datos sin consentimiento y abuso de posición en publicidad digital. Además, la Autoridad de Competencia francesa mantiene una investigación formal abierta sobre estas prácticas.
Este alineamiento de casos sugiere una tendencia regulatoria y judicial orientada a reforzar un mercado digital más transparente y equitativo, donde el peso de la prueba sobre el uso de datos y la competencia efectiva adquiere un papel central.
Impacto para anunciantes y para el sector
AMI insta a anunciantes públicos y privados a reorientar campañas hacia medios considerados seguros, responsables y respetuosos con los derechos, con el fin de apuntalar la sostenibilidad del periodismo. La asociación defiende que la inversión en entornos de confianza refuerza la calidad democrática y la pluralidad informativa.
En el terreno práctico, el desenlace del caso puede incidir en cómo se conciben las estrategias de segmentación, el equilibrio entre privacidad y monetización y la distribución de ingresos en el ecosistema publicitario, con efectos que podrían sentirse más allá de España.
Con el arranque de la vista, queda sobre la mesa una reclamación millonaria, un debate jurídico de calado sobre la base legal del perfilado y el papel de las plataformas en el mercado publicitario digital; todo ello bajo la mirada de un entorno europeo donde ya se multiplican los procedimientos y la presión regulatoria.