En los últimos meses, los grupos de WhatsApp dedicados a compartir la ubicación de controles policiales se han convertido en un fenómeno cada vez más frecuente en distintas partes de España. Esta tendencia, que ya ha recibido una fuerte respuesta institucional, ha puesto el foco sobre el uso de las aplicaciones de mensajería para eludir la vigilancia de las autoridades y las consecuencias legales de estas conductas.
Todo comenzó a ganar notoriedad con casos como el de un motorista en Posadas (Córdoba), que no solo huyó tras ser sorprendido circulando sin casco, sino que además presumió de sus acciones en grupos de WhatsApp. En dichos chats, informaba a otros conductores sobre la posición exacta de controles de tráfico, facilitando así que quienes infringieran la normativa pudieran esquivar tanto a la Guardia Civil como a la Policía Local.
De la temeridad al delito: consecuencias legales del uso de WhatsApp para avisar de controles
La investigación a este conductor cordobés terminó con su puesta a disposición judicial por un presunto delito de conducción temeraria. La normativa en vigor determina que quien pone en peligro la vida o la integridad de los usuarios de la vía pública puede enfrentar penas de prisión entre seis meses y dos años, además de la retirada del permiso de conducción por hasta seis años. La dimensión del problema va más allá de lo estrictamente relacionado con la conducción.
Tal como han confirmado fuentes de la Guardia Civil, avistar y compartir la posición de controles policiales mediante aplicaciones como WhatsApp puede considerarse una infracción grave conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana. El artículo 36.23 de esta normativa castiga la difusión no autorizada de datos o ubicaciones que puedan poner en peligro tanto a los agentes como al éxito de sus operaciones, lo que puede conllevar sanciones económicas y administrativas de relevancia.
Según destaca la Dirección General de Tráfico (DGT), este tipo de avisos facilitan que infractores sigan circulando sin ser detectados, multiplicando el riesgo de accidentes y perjudicando los esfuerzos en materia de prevención y seguridad vial.
El ‘método gallego’: cómo WhatsApp se ha convertido en una red de alertas
Uno de los métodos más conocidos actualmente es el denominado ‘método gallego’, que arrancó en Galicia y enseguida se popularizó en otras comunidades autónomas. El funcionamiento es sencillo pero eficaz: usuarios comparten en tiempo real información sobre la localización de radares, controles de alcoholemia o dispositivos policiales para que otros conductores ajusten su comportamiento y eviten multas.
Estos grupos pueden llegar a congregar a miles de participantes y facilitan que quienes circulan bajo los efectos del alcohol, sin carné o cometiendo infracciones graves esquiven el control policial, manteniéndose en circulación y, en consecuencia, representando un peligro para el resto de usuarios.
La DGT ha mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación ante este fenómeno, llegando a calificarlo de una auténtica amenaza para la seguridad vial. Aunque reducir la velocidad para evitar una sanción no es ilegal en sí, difundir masivamente la ubicación de los controles sí puede serlo y, sobre todo, va en contra del espíritu de cooperación y solidaridad en carretera.
Las autoridades ya trabajan en nuevas estrategias tecnológicas e informativas para tratar de disuadir estas conductas. La DGT y la Guardia Civil han reforzado sus mensajes de advertencia, señalando tanto las sanciones previstas como el impacto negativo de la difusión de este tipo de información.
Además, se han puesto en marcha campañas de concienciación y se están explorando herramientas digitales que permitan rastrear la actividad en grupos sospechosos y actuar frente a posibles infracciones. El objetivo es que los conductores comprendan la gravedad de estas acciones y que la colaboración ciudadana no debe estar al servicio de quienes desean eludir la ley.
Pese a estas advertencias, la práctica de avisar de controles policiales por WhatsApp continúa extendiéndose. La difusión de estos avisos puede derivar en accidentes graves, lesiones y pérdidas humanas y económicas, además de debilitar el sistema de prevención y control en las carreteras españolas.
Las autoridades insisten en la importancia de respetar la labor de los cuerpos de seguridad, apelando al sentido común y la responsabilidad de los conductores para no poner en riesgo la vida de los demás por intentar eludir una multa.