Facebook ha empezado a distribuir pagos a los usuarios en Estados Unidos como parte de un acuerdo civil de 725 millones de dólares, consecuencia de las denuncias por uso indebido de datos personales. Los abonos se están efectuando por fases o tandas, conforme avanza el proceso administrativo del caso.
Se trata de uno de los acuerdos de privacidad más relevantes alcanzados en el país, un hito que refleja la creciente presión legal sobre las grandes tecnológicas para reforzar la protección de la información de los usuarios. Meta, la matriz de Facebook, ha cerrado el litigio sin admitir responsabilidad, priorizando una salida rápida y la reducción de riesgos judiciales.
Qué está pasando
Los pagos se emiten tras las acusaciones de que se permitió el acceso de terceros a datos de usuarios sin su consentimiento. Este proceso culmina un largo recorrido judicial y administrativo que ha exigido verificaciones y aprobaciones en los tribunales para poner en marcha el reparto.
Meta ha insistido en que no incurrió en irregularidades, pero aceptó el acuerdo para evitar costes y dilaciones propias de un juicio prolongado. La compañía sostiene que la resolución permite pasar página con rapidez y concentrarse en mejorar sus prácticas de privacidad.
El reparto afecta a millones de personas que presentaron reclamaciones a tiempo en Estados Unidos. La distribución se coordina en olas para asegurar la trazabilidad de cada expediente y minimizar incidencias, priorizando la seguridad y el control de cada transacción.
Quién puede cobrar y cómo se calcula
Son elegibles quienes utilizaron Facebook en Estados Unidos entre mayo de 2007 y diciembre de 2022 y registraron una reclamación válida dentro del plazo, que finalizó en agosto de 2023. Si no se cumplían ambos requisitos, la solicitud quedó fuera del proceso.
La cuantía individual se determina mediante un sistema de “puntos asignados”, que depende del tiempo de uso durante la ventana de elegibilidad: por ejemplo, 24 meses computan como 24 puntos. El fondo disponible se reparte de forma proporcional al total de puntos del conjunto de reclamantes.
Dado el tamaño del colectivo, se espera que los importes finales sean modestos en la mayoría de casos. No obstante, la metodología pretende ser equitativa: cuanto más tiempo activo se estuvo en la plataforma dentro del periodo válido, más elevada será la parte que corresponda.
Del total de 725 millones de dólares, primero se dedujeron los costes del proceso: alrededor de 180 millones en honorarios legales, unos 120.000 dólares para los representantes de la clase y cerca de 4 millones en administración. Tras estos conceptos, quedarían aproximadamente 541 millones para distribuir entre los demandantes admitidos.
Calendario y forma de pago
Los beneficiarios que cumplan los requisitos y presentaron reclamación válida están siendo notificados por correo electrónico con algunos días de antelación a la emisión del pago. Es recomendable revisar también la carpeta de spam por si el aviso no llega a la bandeja principal.
El calendario prevé una ventana de 75 días que arranca a finales de agosto y concluye aproximadamente a mediados de noviembre, periodo durante el cual se completan las remesas. Cada caso se procesa según el orden y la validación de la reclamación.
Quienes no presentaron su reclamación antes de agosto de 2023 no forman parte del acuerdo y, por tanto, no recibirán ningún pago en esta distribución.
Contexto y alcance legal
El origen del caso está en la divulgación de datos vinculada a Cambridge Analytica, relacionada con estrategias de segmentación política. A raíz de aquel episodio, Facebook encaró un profundo escrutinio público y regulatorio sobre su modelo de negocio y el tratamiento de la privacidad.
En paralelo, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. impuso a la empresa una sanción de 5.000 millones de dólares y obligaciones reforzadas de cumplimiento en materia de datos. Este acuerdo de 725 millones es un procedimiento independiente de aquella sanción, al tratarse de una acción civil colectiva de usuarios.
El caso ha avivado el debate sobre el llamado “capitalismo de vigilancia” en las plataformas digitales y el equilibrio entre la innovación y la protección de la información personal, un tema que sigue en la agenda regulatoria de Estados Unidos y otros mercados.
Con el reparto ya en marcha y un método de cálculo proporcional por meses de uso, los usuarios que cumplían los requisitos y registraron su reclamación a tiempo deberían recibir su pago dentro de la ventana prevista; el resto de interesados queda fuera de esta distribución, que cierra una etapa clave en la gestión de la privacidad por parte de la plataforma.